La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició un proceso para determinar la responsabilidad internacional del Estado venezolano en relación con la violencia desatada durante los acontecimientos del 11 de abril de 2002.

El tribunal multinacional analiza las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las manifestaciones masivas de aquella fecha. Según balances documentados por la organización ONG Foro Penal, la represión y los enfrentamientos de esa jornada dejaron un saldo trágico de 19 personas fallecidas y más de 300 heridos por armas de fuego.

El expediente examinado por el organismo interamericano tuvo sus orígenes en las denuncias e impulsos legales presentados por los juristas Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, directores de Foro Penal, quienes formularon la petición inicial ante el sistema de protección regional.

El dictamen de este procedimiento constituye un paso clave para las víctimas y sus familiares, quienes buscan justicia y reparación tras más de dos décadas de espera por el esclarecimiento de los hechos.